Noticia Censurada número XXIV
La expansiva ley anti-inmigrante de Alabama, HB56, ha sido tan devastadora económicamente que los granjeros del estado intentaron aprobar una legislación que les permitiera obtener el trabajo forzado de los internos de la prisión local, comenzando por los reos elegibles para programas de libertad con trabajo, “para ayudar a las granjas a llenar la brecha y encontrar suficiente mano de obra”.
Esta noticia censurada describe que en uno de los casos más duros de legislación anti-inmigrante en EEUU, la ley HB 56 de Alabama exige que la policía local verifique el estatus migratorio de cualquier persona que despierte una “sospecha razonable” de estar ilegalmente en el país. La ley impulsó el éxodo de trabajadores hispanos que se mudaron a otros estados por temor a ser deportados y, según la estimación del Centro Pew Hispanic, desde que fue aprobada esa legislación aventó a 120.000 emigrantes indocumentados que vivían en ese estado. Obama ha desafiado la constitucionalidad de la HB56, argumentandoinmigr que viola los poderes federales.
El Departamento de Agricultura de Alabama y funcionarios de la industria se reunieron con agricultores para discutir su propuesta de utilizar presos en reemplazo de los trabajadores emigrantes aventados, reportó MediaFreedomInternational.org, citando un despacho de France Press y otros dos reportes. En diciembre de 2011, el Departamento Correccional del estado se opuso a la legislación de trabajos forzados argumentando que sus, aproximadamente, 2.000 presos elegibles para libertad con trabajo ya tienen compromisos de empleo y que “el sistema penitenciario no es la solución a las escasez de trabajadores causada por la ley”.
La propuesta de emplear mano de obra penitenciaria en operaciones agrícolas privadas no es nueva. El blog Daily Kos recordó que Idaho ha utilizado trabajo penitenciario en granjas de papas durante casi una década. El Wall Street Journal, de Rupert Murdoch, elogió en octubre 2011 el modelo de negocios de prisiones agrícolas, realzando que los reclusos se “entusiasman” con sus puestos de trabajo.
En realidad, el trabajo penitenciario corporativo explota regularmente presos, obligándolos a trabajar o enfrentar largas penas de cárcel o la pérdida de cualquier estatus de “buen pasar” previamente adquirido en la prisión. El director del Centro Terrebonne Work Release, de Horma, explicó: “Si dicen que no a un trabajo, conseguirán que el tiempo que se retiró de su condena se reponga de nuevo, y serán enviados de vuelta a la cárcel de donde salieron”.
El trabajo penitenciario con fines de lucro fue posible gracias a la aprobación de la Ley de Industrias de Prisiones, que defiende el Consejo Legislativo Americano de Intercambio (ALEC, sigla en ingles) y que se amplió con el Programa de Certificación del Aumento de Industrias de la Prisión (PIE, en inglés).
Las grandes corporaciones también se benefician de los salarios más bajos de los prisioneros liberados para trabajar. Por ejemplo, durante el desastre del derrame de petróleo de British Petroleum en el Golfo de México en 2010, muchos residentes de la costa, que acababan de ver desaparecer sus medios de vida, expresaron indignación en reuniones comunitarias cuando supieron que BP utilizaba mano de obra barata -o gratuita- de la prisión, mientras numerosas personas se mostraban desesperadas por tener un empleo, según el blog Daily Kos.
En los equipos de limpieza en Grand Isle, Luisiana, una región donde nueve de cada diez residentes son blancos, los trabajadores de limpieza eran casi exclusivamente hombres negros afro-estadounidenses. El carácter racial de la limpieza fue tan evidente que Ben Jealous, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, sigla en inglés), envió una carta pública al presidente ejecutivo de BP, Tony Hayward, el 9 de julio 2011, exigiendo saber por qué los negros estaban sobre-representados en “el empleo más difícil físicamente, el de más baja remuneración y con más exposición significativa a las toxinas”.
(Tomado de Argenpress.info)
