lunes, 25 de junio de 2012

Contra la pared golpistas paraguayos, tras retiro de embajadores y suspensión de Mercosur



Francisco Franco
Francisco Franco
La presión política sobre Paraguay tras el golpe de Estado parlamentario contra el Presidente Fernando Lugo aumentó este domingo después de que Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile, Colombia y Perú retiraron o llamaron a sus embajadores en Asunción, mientras que el Mercosur suspendió a ese país para su próxima cumbre.
Argentina, Brasil y Uruguay, socios de Paraguay en el Mercado Común del Sur (Mercosur), anunciaron la tarde de ayer su decisión de “suspender al Paraguay, de forma inmediata y por este acto” de la Cumbre de Presidentes del bloque, que se realizará el próximo viernes en Mendoza (Argentina).
La decisión del Mercosur se produce después de que el propio Lugo afirmara a periodistas que irá a dicha cumbre en representación de su país, aunque todavía no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto por parte del bloque regional.
Horas antes, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció en un acto militar transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión que “retiramos al embajador, no reconocemos a ese Gobierno (de Federico Franco), y también vamos a retirar el envío de petróleo”.
“Nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado ni directamente, ni indirectamente”, complementó Chávez, quien tildó de “ilegal” e “inconstitucional” el juicio “exprés” al que fue sometido Lugo por el Senado de su país.
También Ecuador decidió retirar a su embajador en Paraguay “en rechazo a la destitución del legítimo Presidente Fernando Lugo y la instauración de nuevo régimen”, según escribió hoy en su cuenta de Twitter el canciller Ricardo Patiño.
De otra parte, el embajador Enrique Fischer es aguardado en Montevideo para que informe al Canciller uruguayo, Luis Almagro, “sobre los últimos acontecimientos” vividos en Asunción, según confirmaron hoy a Efe fuentes oficiales.
Este mismo domingo, en una declaración de Almagro difundida por la Presidencia uruguaya, ese país dijo que la destitución de Lugo, “con características de juicio sumario”, “no tuvo las garantías esenciales del debido proceso” y pidió que se convoquen a nuevas elecciones “tan pronto como sea posible” en el país vecino.
A su vez, el presidente chileno, Sebastián Piñera, aseguró hoy a la prensa que pidió a su canciller “que llame a nuestro embajador en Paraguay a consultas en nuestro país para poder contar con toda la información necesaria”.
“En los próximos días nos vamos a reunir los presidentes para, a la luz de los hechos ocurridos en Paraguay y tomando en cuenta los protocolos de defensa y protección de la democracia que contempla tanto el pacto del Mercosur como de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), tomar las medidas que correspondan”, añadió.
En Colombia, la Cancillería anunció mediante un comunicado este domingo que llamará a consultas a su embajador en Asunción, Alberto Barrantes, ante el incumplimiento del “debido proceso” en la destitución de Lugo, quien, agregó, no pudo “contar con el tiempo suficiente para su adecuada defensa”.
De igual forma, la Cancillería peruana emitió hoy un documento en el que señaló que ha llamado a consulta a su embajador en Asunción, Jorge Antonio Lázaro.
“En vista de la situación política acaecida en la hermana República del Paraguay, el Gobierno del Perú ha decidido llamar en consulta a su Embajador en ese país para proseguir la evaluación que se está realizando en coordinación con otros países de la UNASUR”, manifestó.
El presidente peruano, Ollanta Humala, dijo en horas de la tarde que “evalúa el retiro del embajador peruano en Paraguay” y que “se tomará una decisión entre hoy y mañana”, tras asegurar que la democracia en ese país “está en riesgo”.
Además, añadió que su canciller, Rafael Roncagliolo, será el encargado de confirmar si realiza en los próximos días en Lima una reunión de emergencia con los presidentes de la Unasur por el caso de Lugo.
En Centroamérica, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, dijo que su Gobierno “no reconoce la legitimidad de la designación del vicepresidente Federico Franco como presidente de Paraguay”, e instó a los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) a tomar “una posición en la misma línea”, agregó el boletín.
Estas medidas se suman a la tomada por Argentina, que, según informó anoche la Cancillería en un comunicado, “ha dispuesto el inmediato retiro de su embajador en Asunción, quedando la representación diplomática a cargo de un encargado de negocios, hasta tanto se restablezca el orden democrático” en Paraguay.
Brasil, por su parte, también convocó anoche a consultas a su embajador en Paraguay y anunció que evalúa junto con sus socios del Mercosur y de la Unasur las medidas para hacer frente a la “ruptura del orden democrático” en el país vecino.
Frente a este panorama, el nuevo canciller paraguayo, José Fernández, descartó hoy que su país pueda ser “sancionado” por sus vecinos porque “no ha violado ninguna norma internacional” y quitó hierro a la decisión de varios países de retirar o llamar a consultas a sus embajadores en Asunción, algo que calificó como un mero procedimiento.
También aludió a informaciones según las cuales la Unasur está convocando una reunión para el próximo miércoles para tratar la posible expulsión de Paraguay tras la destitución de Lugo. “¿Cómo la Unasur va a convocar a una reunión si Paraguay tiene la Presidencia” temporal del bloque suramericano, preguntó durante una rueda de prensa.
Pese a la tranquilidad mostrada por el ministro y antes del anuncio de sus socios de Mercosur, el propio presidente Franco había revelado hoy que no asistiría a la cumbre del viernes en Argentina porque el “ambiente no es propicio”.
“Se puede castigar a una persona, pero no es justo castigar a 6.200.000 y al país más pobre de la región”, dijo Franco en una entrevista publicada hoy por el diario Clarín, de Buenos Aires, al ser consultado por la posibilidad de que el Mercosur y la Unasur sancionen a Paraguay.
Ante el alud de críticas internacionales, el Gobierno de Franco encontró un poco de alivio en las declaraciones del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), quien aseguró en declaraciones a la radio El Espectador que la destitución de Lugo “no configura un golpe militar” sino “un episodio cívico institucional”.
Además, rechazó lo que calificó como “intervencionismo” de la Unasur y el Mercosur, “contrario a todas las tradiciones y normas de América Latina”.
(Con información de EFE)

EEUU aumenta financiamiento a ciberdisidentes para subversión en Cuba


Ciberguerra
Estados Unidos ha aumentado  los fondos para dotar a ciberdisidentes aliados a Washington de tecnología y financiamiento para el cambio de régimen en Cuba, revela una carta del Departamento de Estado al Congreso que publica hoy el diario El Nuevo Herald.
La carta, con fecha del 26 de abril, detalla el plan para invertir 20 millones de dólares aprobados para los programas de subversión en Cuba durante el año fiscal que termina el 30 de septiembre.
El dinero será administrado por tres entidades del Departamento de Estado: la Oficina de Latinoamérica y el Caribe (LAC) de la USAID; la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL); y Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA).
Esta carta se hace pública dos días después de la decisión de los países del ALBA de expulsar a la USAID de sus territorios, por constituir “un factor de perturbación que atenta contra la soberanía y estabilidad política” de estos países. El Consejo Político del ALBA solicita a los jefes de estado y gobierno del bloque “la inmediata expulsión en sus países de la USAID”.
El objetivo de este fondo público de 20 millones de dólares no es beneficiar al pueblo cubano, sino reforzar con acceso a tecnologías a individuos en Cuba que respalden la política de cambio de régimen en la Isla, facilitando servicios de red e instrumentos solo a colaboradores identificados para estos fines.
El mayor bloque individual de dinero es el de $4 millones que LAC gastará en un programa de “democracia digital” para estimular el uso de “tecnología innovadora”, señaló la carta.
Conscientes de que estas prácticas son ilegales en Cuba, la carta no ofrece detalles sobre los destinatarios del dinero y las tecnologías, “para proteger a los programas de los intentos de Cuba por pararlos”, asegura El Nuevo Herald.
De acuerdo con la publicación, “para evitar otro incidente como el de Alan Gross, el programa evitará equipos sofisticados como teléfonos satelitales y en su lugar usará solamente artículos disponibles en la isla, tales como computadoras, DVDs, unidades USB y teléfonos celulares, dijo un empleado del Congreso enterado del caso”.
Seis de los otros nueve programas para Cuba incluidos en la carta se centran también en la tecnología.
WHA recibió una asignación de 1.53 millones de dólares para un programa de “entrenamiento a distancia sobre habilidades básicas para la información tecnológica… Además, los fondos apoyarán la compra de artículos de tecnología básica de la información, y darán apoyo material a activistas de los derechos humanos, periodistas independientes y bibliotecas independientes en la isla”.
La DRL tiene 1.05 millones de dólares para proporcionar entrenamiento, equipos y software a indiviudos que recopilan información sobre supuestos abusos contra los derechos humanos, que ninguna otra fuente verifica, y 750,000 dólares para “entrenamiento con base en la tecnología” para campañas en las redes sociales para acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos, impunidad y corrupción.
La DRL también administrará 700,000 dólares por cada uno de los dos programas: uno para jóvenes que incluye “usos innovadores de la tecnología como los medios sociales”, y otro para “educar” a cubanos en economía de mercado y sus bondades para la democracia -no es un chiste: NDR-.
Otros 500,000 dólares serán administrados por LAC para apoyar “investigaciones sobre opciones de tecnología para ampliar las comunicaciones” entre los cubanos y la conectividad de internet como parte de un programa titulado “La Aplicación de la Tecnología en la Promoción de la Democracia” de acuerdo con lo que entiende por tal el Departamento de Estado.
LAC tiene también 2.9 millones de dólares para “apoyo humanitario” para “personas políticamente marginadas”, en otras palabras individuos que integran “partidos opositores” que sobreviven con el financiamiento de un gobierno extranjero, algo que es penado severamente en Estados Unidos.
La DRL ya ha comprometido 4 millones de dólares con la Fundación Nacional por la Democracia (National Endowment for Democracy), una organización de Washington acusada de ser una vitrina legal de la CIA, y que ha sido expulsada de varios países, incluso aliados de los EEUU, por financiar partidos y acciones opositoras, violando flagrantemente la ley.
En la carta del Departamento de Estado al Congreso se especifica que también gastará 2.87 millones de los 20 millones de dòlares para administrar los programas para Cuba, que tienden a generar un alto volumen de papeleo, en comparación con otros programas estadounidenses de ayuda al extranjero.
Las peticiones de solicitudes para los fondos de otros programas se darán a conocer pronto, dice El Nuevo Herald.
Esta información coincide con la divulgación de los fondos históricos de la USAID para la subversión en Cuba: 197 270 000 de dóllares, ejecutados fundamentalmente entre el 2001 y 2008, según describe Tracey Eaton, en su blog Along the Malecon:
Fondos para la subversión en Cuba de la USAID. Fuente: Along the Malecon
Fondos para la subversión en Cuba de la USAID. Fuente: Along the Malecon
Un empleado que se encarga de ejecutar estos programas contra Cuba desde Washington, dijo al Herald que el “Santo Grial” de estos proyectos es un teléfono celular “tonto” que puede ser adaptado para recibir y enviar grandes archivos, como los teléfonos “inteligentes”. “Uno oye decir que cierta compañía israelí lo hizo; que algún hacker californiano de 16 años lo tiene, que cierto genio de la India lo hizo. Pero cuando vamos a ver, nunca es lo que realmente necesitamos en Cuba”, añadió.
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