Los periodistas y trabajadores del periódico español El País realizaron una asamblea en la cual votaron a favor de la renuncia de su actual director, Javier Moreno, al que además acusaron de ejercer una presión intolerable contra los periodistas para frenar la huelga de firmas, por lo que presentarán una querella en su contra por acoso laboral.
La guerra en el Grupo Prisa y en su buque insignia, el diario de mayor circulación de España, entró en una fase irreversible, con la mayoría de los trabajadores y periodistas indignados por la forma en que se está intentando despedir a más de la tercera parte de la plantilla.
Por primera vez, los trabajadores de El País realizaron una votación general con un tema como único orden del día: la reprobación de su director. Con 311 votos emitidos, 235 votaron a favor de su dimisión inmediata, mientras 46 lo hicieron en contra y 29 más votaron en blanco.
La declaración que se aprobó en la asamblea sostenía que “los periodistas de El País consideramos que las presiones y amenazas realizadas por Javier Moreno, siguiendo instrucciones de Juan Luis Cebrián, le inhabilitan para seguir ocupando el cargo. En defensa de la calidad democrática y del estatuto de redacción, pedimos a Javier Moreno que abandone la dirección del diario”.
Según denunciaron los periodistas del rotativo, Moreno les habría hecho saber que si se negaban a firmar sus informaciones -como hizo la mayoría de la plantilla, salvo los corresponsales y colaboradores en el exterior, así como algunos enviados especiales- podría ser la última vez que firmaran algo en el periódico.
Consideraron inadmisible la amenaza y decidieron llevar a cabo esta inédita asamblea, en la que se vuelve a señalar al presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, como el principal responsable de la situación en la que se encuentra el antes poderoso emporio mediático, que ahora, a sólo cinco años de la muerte de su fundador, Jesús de Polanco, está arruinado, según la versión del propio director del diario.
Los trabajadores del periódico siguen a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones con la dirección, que se muestra inflexible en el tema de reducir una tercera parte de la plantilla -128 despidos y 21 prejubilaciones-, así como en la rebaja salarial masiva de 15 por ciento y la eliminación de publicaciones históricas y de carácter regional.
Los empleados del diario anunciaron que estudian la posibilidad de presentar una querella contra Cebrián por administración desleal y fraude al accionista, al considerar que su gestión ha estado marcada por errores graves que han llevado al emporio mediático a una crisis con una deuda de más de 4 mil millones de dólares y el desembarco para tomar el control del grupo de los bancos acreedores y multinacionales poderosas, como Telefónica, banco Santander, HSBC y el fondo de inversiones Liberty.
El Comité de Empresa considera que “la actitud de la empresa hoy, personificada en su director, pone de manifiesto la pérdida acelerada de valores democráticos de esta dirección y el nulo interés negociador. Por eso el comité en ningún momento ha aceptado la explicación de Javier Moreno de que los bonos responden a un algoritmo de criterios productivos pactado. El ‘algoritmo’ que se ha utilizado en el pago de bonos a determinados subdirectores, redactores jefes y jefes de sección es el criterio de Javier Moreno”.
Los periodistas amenazados de El País recibieron el apoyo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la cual mediante un comunicado señaló que “la retirada de la firma no supone un desacato a los editores, sino que es el ejercicio legítimo de un derecho. La APM confía en que la dirección de El País respete este derecho de los periodistas”.
Mientras, los Colegios de Periodistas de Cataluña, Galicia y Andalucía emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que son “absolutamente condenables las presiones para que los redactores de El País cedan en su postura de no firmar las informaciones como protesta por el despido de 149 compañeros”. Consideran que la actitud del presidente de Prisa, amenazando con acusar de sabotaje a los redactores que retiren la firma de sus informaciones, como la del director, presionando para que la mantengan, son una clara y grave injerencia en uno de los principales derechos y deberes de un periodista: el de hacerse responsable de lo que escribe si lo hace libremente y sin presiones de ningún tipo”.
(Tomado de Aporrea)
